En Colombia, nada es más peligroso que una revolución sin plan. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo con el sistema de salud: un desmonte deliberado disfrazado de reforma, promovido por el gobierno de Gustavo Petro, con consecuencias humanas devastadoras y una narrativa política llena de falsedades históricas.
Durante años se ha demonizado la Ley 100 de 1993 como la raíz de todos los males. Muchos petristas repiten que fue obra de Álvaro Uribe, como si fuera el arquitecto exclusivo de un sistema que, a pesar de sus defectos, logró avances que ni los países del primer mundo han alcanzado. La verdad es otra: Uribe fue ponente del proyecto como senador, sí, pero el verdadero creador fue el economista Juan Luis Londoño de la Cuesta, junto a un equipo técnico del gobierno de César Gaviria. Esa ley —criticable en algunos aspectos— le dio cobertura médica al 97% de la población colombiana, donde antes solo una minoría tenía acceso.
Gloria Stella Díaz Ortiz, exrepresentante a la Cámara, fue una de las pocas voces que —sin populismo ni fanatismo— denunció la corrupción dentro del sistema sin pedir su destrucción. Propuso sanciones penales contra los directivos de EPS corruptas, defendió la tutela como herramienta ciudadana, y luchó desde el Congreso para depurar el modelo, no para reemplazarlo por uno improvisado. Por su valentía, fue amenazada, aislada políticamente y atacada… pero nunca calló.
Mientras tanto, hoy los autodenominados “salvadores del pueblo” están haciendo lo contrario: usan el caos como excusa para imponer un modelo centralista, sin red de respaldo, sin planificación real y —según denuncias recientes— posiblemente financiado con dinero desviado del propio sistema de salud.
El abogado Abelardo de la Espriella ha denunciado penalmente que más de dos billones de pesos fueron desviados por el gobierno para “comprar” votos en el Congreso a favor de la reforma. Si eso se prueba, no estaríamos solo ante un escándalo de corrupción, sino ante un crimen social y político de proporciones históricas.
Y mientras el sistema colapsa, las voces del gobierno hacen gala de cinismo: la vicepresidenta Francia Márquez asegura que el sistema de salud cubano es ejemplar, sin mencionar la escasez crónica de medicamentos o el éxodo de médicos. La exministra Carolina Corcho culpa a los propios doctores por la crisis, olvidando que han sido ellos quienes han sostenido con sacrificio lo poco que aún funciona. Para completar, los defensores de la reforma ahora exigen libertad para que las EPS aliadas del gobierno gasten sin vigilancia, en una contradicción grotesca con el discurso que antes los señalaba como verdugos.
Hoy, millones de colombianos sufren las consecuencias: clínicas cerradas, citas negadas, tratamientos suspendidos, filas interminables. No hay red pública lista para asumir la carga. No hay claridad sobre cómo funcionará el nuevo sistema. Y lo más grave: no hay voluntad de corregir.
Colombia no necesita destruir lo imperfecto. Necesita proteger lo que ha salvado vidas, corregir lo que está mal, y castigar a quienes han robado sin usar el pretexto del “cambio” para justificar la barbarie. La salud no puede ser el botín de ninguna ideología.
