El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay representa un quiebre en nuestra convivencia democrática. No fue un robo ni un ajuste de cuentas. Fue un ataque político directo, en plena capital y en un acto público. Un mensaje despiadado: pensar diferente puede costarte la vida. Peor aún, ese mismo día, el presidente y el vicepresidente dieron por muerto a Uribe antes de que los médicos emitieran un diagnóstico oficial, demostrando una irresponsabilidad institucional que vulnera la verdad, el respeto y el debido proceso.
La indignación crece al saberse que el agresor, un adolescente, estuvo inscrito en el programa “Jóvenes en Paz”, promovido por este Gobierno para evitar el crimen mediante pagos mensuales y formación. Sin embargo, el joven no solo suspendió su formación, sino que fue reclutado por una red criminal que lo contrató para disparar contra un senador. Lo que prometía ser una política social se transformó en una incubadora de delincuentes. Pagar por no delinquir no es solución. Es chantaje disfrazado de política pública. Sus resultados lo demuestran: un rotundo fracaso.
Hoy, Colombia retrocede treinta años en materia de seguridad. El sicariato político reaparece, los menores son usados como arma de conflictos urbanos y el silencio institucional ha permitido la penetración de redes criminales en zonas vulnerables. La narrativa de “paz total” ha degenerado en impunidad total: se reclutan criminales sin exigir verdad ni reparación, se les dan plazas públicas y se debilita a la Policía y al Ejército, mientras la ciudadanía vive con miedo.
A todo esto se suma la crisis en el Ministerio de Justicia. Néstor Osuna promovió reformas que refuerzan la impunidad; Ángela María Buitrago fue una ministra fugaz sin resultados; y ahora, Luis Eduardo Montealegre, antiguo fiscal general implicado en contratos cuestionados con Natalia Springer y señalado por politizar la Fiscalía, ocupa ese despacho. Su nombramiento no aporta confianza, enciende alarmas. Y remata el panorama el pedido de captura en Guatemala contra figuras claves del petrismo, como Iván Velásquez y la fiscal Luz Adriana Camargo, acusados de irregularidades en la CICIG. Aquí, el Gobierno denuncia “persecución política”; en otros ámbitos, se ve como un síntoma de contagio institucional en América Latina.
Lo que el país presenciaba como un “gobierno del cambio” hoy exhibe una cara oscura: violencia que regresa, justicia manipulada, programas sociales mal enfocados y opositores amenazados. Con menos de un año para las elecciones presidenciales, no está en juego solo quién será presidente. Está en juego si podremos votar con libertad, sin amenazas, y si la democracia tiene realmente una oportunidad de sobrevivir.
No es cuestión de ideologías: es cuestión de país. De seguridad, de verdad, de futuro. Y si no despertamos ahora, este será el adiós a la Colombia que alguna vez imaginamos.
