Colombia solía ser un faro de coherencia institucional en medio del caos latinoamericano. Con todos sus problemas —violencia, corrupción, narcotráfico— logramos sostener una democracia funcional, una diplomacia respetada y un Estado que, con altibajos, buscaba equilibrio entre legalidad y desarrollo. Hoy, bajo el llamado “gobierno del cambio”, esa estabilidad parece desmoronarse ante nuestros ojos.
La reciente tensión diplomática con Guatemala, que terminó con órdenes de captura contra Iván Velásquez (exministro de Defensa) y Luz Adriana Camargo (actual fiscal general), no es un episodio aislado. Es el reflejo de un patrón preocupante: el reemplazo de la institucionalidad por el activismo ideológico. Colombia, que antes lideraba debates regionales sobre derechos humanos y seguridad, ahora es señalada por encubrir a funcionarios investigados, premiar a delincuentes como “gestores de paz” y romper alianzas clave, como la que teníamos con Israel.
¿A qué precio este “cambio”?
La desconexión con la realidad económica es alarmante. Según datos del DANE, la tasa de desempleo juvenil bordea el 20%, y más de 1.5 millones de colombianos están buscando trabajo sin éxito. En este contexto, decisiones como romper relaciones con aliados estratégicos no son solo simbólicas: son económicamente suicidas.
Israel, por ejemplo, no solo era un socio militar. También representaba una puerta para cooperación tecnológica, ciberseguridad e inversión en sectores como la agroindustria. Esa relación hoy está rota. A eso se suman tensiones con Estados Unidos, Perú, Ecuador y ahora Guatemala. El resultado: pérdida de confianza internacional, posible salida de capitales y restricciones migratorias que afectan directamente a colombianos en el exterior.
Los efectos son concretos. Empresas extranjeras evalúan el «riesgo país» antes de invertir. Y Colombia, hoy, lo proyecta con luces rojas. El mismo gobierno que impulsa una reforma laboral para dignificar el trabajo, está socavando las condiciones para que ese trabajo exista. ¿De qué sirve garantizar más estabilidad si no hay empleadores? ¿De qué vale prometer derechos si la inversión huye?
De la crítica a la contradicción
Se nos vendió un gobierno “anticorrupción”, pero hoy el símbolo de la justicia internacional —su exministro de Defensa— está judicializado. Se prometió proteger la vida, pero los homicidios contra líderes sociales aumentaron un 46% en el último año, según Indepaz. Se habló de recuperar la soberanía, pero ahora se negocia con estructuras criminales disfrazadas de actores políticos.
No, Colombia no era perfecta antes de Petro. Teníamos muchas deudas históricas. Pero hoy vamos en caída libre, sin brújula diplomática, sin coherencia institucional, y sin capacidad de autocrítica.
¿Y los colombianos?
Somos nosotros quienes pagamos el precio. El joven que pierde una oportunidad laboral porque una empresa extranjera ya no confía en el país. La madre migrante que ahora enfrenta estigmatización en Guatemala. El pequeño comerciante que depende de seguridad y estabilidad para sobrevivir. Y el ciudadano común, que ya no sabe si la justicia está para protegerlo o para blindar a los de arriba.
Colombia no necesita un “cambio” que lo aleje de la ley, del respeto diplomático y del desarrollo. Necesita liderazgo con visión, coherencia entre el discurso y la acción, y, sobre todo, un gobierno que entienda que gobernar no es tuitear ideología, sino construir país.
