Prometer es fácil. Ejecutar con responsabilidad y resultados concretos, no tanto. La realidad actual de Colombia vuelve a demostrarlo. Más de 165 municipios enfrentan una crisis crítica: los rellenos sanitarios están colapsando o a punto de hacerlo, mientras el Estado aún no presenta una solución estructural, sostenible ni coordinada.
El colapso de los sitios de disposición final no es un dato técnico aislado. Es una emergencia ambiental y sanitaria que expone a las comunidades a focos de infección, contaminación de fuentes hídricas, proliferación de vectores y enfermedades respiratorias o gastrointestinales. Donde antes había una gestión funcional —aunque imperfecta— hoy hay residuos acumulados y una cadena de improvisaciones que profundiza el problema.
Esta situación trae a la memoria un episodio que marcó la historia reciente de la capital: en 2012, durante la alcaldía de Gustavo Petro, se intentó una transformación del sistema de aseo de Bogotá. Se buscaba reemplazar a operadores privados por gestión pública e inclusión de recicladores. El objetivo era loable, pero la ejecución falló. La ciudad quedó cubierta de basura durante varios días. No hubo vehículos suficientes, las rutas no estaban listas y los contratos de transición fueron improvisados. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó al Distrito por abuso de posición dominante, y aunque años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos revocó la sanción de destitución contra el entonces alcalde, el impacto ciudadano y reputacional ya era irreversible.
Hoy, ya en el poder nacional, se repite el mismo patrón con un símbolo distinto: el agua prometida a La Guajira. En 2023, el gobierno nacional anunció la entrega de carrotanques para abastecer comunidades indígenas en medio de la sequía histórica que afecta al departamento. Pero los informes oficiales, investigaciones periodísticas y actuaciones de la Fiscalía indican que muchos de esos vehículos no cumplieron su función, y que su adquisición estuvo plagada de sobrecostos, irregularidades y presuntas redes de corrupción.
Funcionarios de alto perfil del actual gobierno están siendo investigados o ya han sido imputados. Entre ellos se encuentran Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE; Sandra Ortiz, exconsejera presidencial; y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda y figura clave durante la administración de Petro en Bogotá. Todos pertenecen al entorno político más cercano al presidente y formaron parte del proyecto que se presentó ante el país como una alternativa ética y transformadora.
El problema ya no es la retórica. Es la realidad que desmiente esas promesas. Ni la basura ha sido gestionada con eficiencia, ni el agua ha llegado de forma digna a quienes más la necesitan. El discurso del cambio se estrella contra la inoperancia de los equipos, la falta de planificación técnica y la continuidad de prácticas que, se suponía, debían haber quedado atrás.
A esto se suma una falta alarmante de soluciones concretas frente a la crisis ambiental derivada del colapso de los rellenos sanitarios. Los municipios afectados no cuentan con infraestructura alternativa ni recursos para enfrentar la emergencia. La estrategia “Basura Cero” continúa sin reglamentación práctica, y los planes de economía circular siguen atrapados en el papel.
La imagen de una promesa que colapsa —como los residuos que ya no tienen a dónde ir— y de otra que se evapora —como el agua que nunca llegó—, se convierte en una metáfora dolorosa de un gobierno que, en vez de resolver, administra desastres. Las consecuencias no son abstractas: enfermedad, contaminación, frustración social y desconfianza institucional.
Colombia no necesita más anuncios. Necesita planificación, ejecución responsable y funcionarios que respondan no solo al cargo, sino a la población. Porque cuando las promesas colapsan, la gente paga el precio en su salud, en su dignidad y en su derecho a vivir bien.
La basura no se oculta bajo discursos. El agua no se lleva con ruedas de prensa. La ética no se proclama: se ejerce.
