Colombia está a las puertas de una jugada política que podría pasar a la historia no por su ingenio, sino por su falta de sentido técnico, su desprecio institucional y su tufillo a improvisación costosa. El presidente Gustavo Petro, tras la negativa del Senado de la República de aprobar su propuesta de consulta popular, ha insinuado la posibilidad de convocarla por decreto. Una movida que, además de dudosa desde el punto de vista constitucional, suena también a berrinche político con factura en millones.
Consulta popular: lo que dice la Constitución
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 103, establece los mecanismos de participación ciudadana. Para que una consulta popular nacional sea válida, se requiere:
- Aprobación previa del Congreso.
- Participación de al menos el 33% del censo electoral.
- Mayoría de votos afirmativos.
Con un censo electoral de aproximadamente 40.9 millones de ciudadanos, se necesitan al menos 13.5 millones de votos afirmativos para que la consulta tenga efectos vinculantes. Petro obtuvo 11.2 millones de votos en segunda vuelta. Aun si todos ellos votaran a favor de la consulta (escenario idealista), no alcanzaría el umbral.
Pero el panorama es peor: según Invamer (abril de 2025), el mandatario tiene un 57% de desaprobación y apenas un 37% de favorabilidad. Eso significa que, proyectando esa cifra sobre sus propios votantes, apenas 4,1 millones lo respaldarían hoy. Resultado estimado:
- Sí: 4,1 millones
- No: más de 17 millones (entre opositores y desencantados)
Una derrota colosal y predecible.
Un Congreso con más respaldo popular
A diferencia del discurso presidencial, que pretende mostrar al Congreso como un obstáculo de la voluntad popular, las cifras lo contradicen. En las elecciones legislativas de 2022:
- El Senado recibió más de 16,2 millones de votos válidos.
- La Cámara de Representantes recibió más de 16,3 millones de votos válidos.
El Congreso fue elegido por más ciudadanos que el presidente. Negar su legitimidad es, entonces, negar también al pueblo. Y proponer una consulta contra la decisión del Congreso equivale a decir que el pueblo que eligió al Legislativo es menos pueblo que el que eligió al Ejecutivo.
La peliteñida economía del decreto
El costo estimado de una consulta nacional ronda los 1.200 millones de pesos (alrededor de USD $300.000). Es decir, el Gobierno estaría dispuesto a gastar una suma multimillonaria para realizar una consulta:
- Que fue negada democráticamente.
- Que no alcanzará el umbral.
- Que tiene garantizado un resultado adverso.
Uno se pregunta si el presidente y su equipo —incluyendo al ministro de Trabajo y antiguos escuderos como Benedetti— no estudiaron finanzas en la misma universidad que Patricia Fernández, la icónica «peliteñida» de Yo soy Betty, la fea: la Universidad San Marino. Parece que se graduaron en «gastos emocionales» y no cursaron las materias de sostenibilidad, análisis técnico o marco fiscal.
Reforma laboral: necesaria, pero no así
El trasfondo de esta consulta es la reforma laboral. Una iniciativa que, aunque necesaria, fue presentada con torpeza económica. El proyecto elevaba cargas laborales, reduciendo la competitividad y poniendo en riesgo la contratación formal. Las pymes, que generan más del 80% del empleo en Colombia, no pueden pagar más salarios, recargos y prestaciones mientras:
- Están endeudadas.
- Pagan intereses para cubrir sueldos.
- Sufren moras en pagos de proveedores y ventas a crédito.
Una reforma laboral sin gradualidad ni incentivos es simplemente una receta para aumentar el desempleo. Insistir en ella mediante una consulta fallida es más terquedad que estrategia.
Conclusión: promesas colapsadas
Esta consulta, si se convoca por decreto, nacerá muerta. No tiene respaldo legal, no tiene viabilidad numérica, y no tiene sentido financiero. Lo que sí tiene es un enorme simbolismo: refleja un gobierno que, frente al desacuerdo, responde con imposición; que frente al análisis, responde con narrativa; y que frente a la derrota, responde con gasto.
Y así, entre discursos y decretos, se va construyendo una democracia en la que las promesas no solo no se cumplen… también colapsan.
