En Colombia se premia la mediocridad. Se viste de méritos, se condecora como si fuera excelencia, y se recicla en cada gobierno. Lo vimos con Santos, lo vemos con Petro. Lo niegan, lo disfrazan de progresismo, pero el patrón es idéntico: gobiernos que premian a quienes deberían estar siendo investigados.
El nombramiento de Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia es más que una mala decisión. Es una afrenta al país. Montealegre, exfiscal general (2012–2016), no solo tiene un pasado manchado por escándalos de contratación, sino que fue protagonista de una gestión que violó principios básicos de justicia, incluyendo la libertad religiosa.
Un fiscal con más sombras que luces
Durante su gestión, Montealegre autorizó investigaciones contra iglesias cristianas independientes como la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, promovidas sin base sólida, en un contexto de persecución mediática y política que violó el derecho constitucional a la libertad de cultos (artículo 19 de la Constitución).
Uno de los nombres más vinculados a esta presión fue Natalia Springer, una politóloga y columnista que desde espacios públicos hostigó al liderazgo de esa iglesia. La sorpresa llegó cuando Montealegre —entonces fiscal— le adjudicó a Springer contratos por más de $4.000 millones de pesos, sin licitación y sin justificación técnica creíble.
Los informes entregados por Springer fueron calificados como deficientes, poco útiles, y en algunos casos, simplemente reciclajes de datos públicos. Aun así, Montealegre no solo defendió esos contratos, sino que la condecoró públicamente en 2015. Sí, en vez de rendir cuentas, premió a su contratista estrella.
“Lo de Natalia Springer es una vergüenza institucional”, llegó a afirmar el entonces senador Jorge Robledo, al denunciar el despilfarro en la Fiscalía (Semana, 2015).
¿Y ahora? Petro lo trae de vuelta
En junio de 2025, el presidente Gustavo Petro designa a Montealegre como ministro de Justicia, tras la salida de Ángela Buitrago. El argumento: su “experiencia” jurídica. La realidad: una jugada política para blindar decisiones polémicas, como el intento de Petro de imponer una consulta popular por decreto, saltándose al Congreso.
Montealegre ha sido uno de los principales defensores jurídicos de este decreto. Según él, la negativa del Senado incurrió en vicios de procedimiento. Curiosamente, el mismo jurista que hace pocos meses calificaba al gobierno de Petro como una “bancarrota ética” en mensajes privados, hoy defiende su legalidad desde el gabinete (Infobae, 2025).
¿Quién lo respalda públicamente? Armando Benedetti, uno de los funcionarios más cuestionados del gobierno por presuntas presiones, audios filtrados y un historial de escándalos. El mismo Benedetti que salió de la embajada de Venezuela en medio de controversias.
¿Petrosantismo? Sí, existe
Algunos lo niegan. Dicen que Petro y Santos son polos opuestos. Pero si uno sigue el rastro de los premiados, de los reciclados, de los contratos, de los discursos que hablan de “cambio” mientras reparten el poder entre los mismos… lo que hay es continuidad.
El Petrosantismo existe. Es ese híbrido entre el clientelismo de Santos y el autoritarismo populista de Petro. Entre el pragmatismo sin principios y el idealismo sin coherencia. Es lo que permite que Montealegre pase de fiscal señalado, a ministro de Justicia, sin una sola pregunta incómoda por parte del poder.
Colombia merece más
Este no es solo un debate sobre nombres. Es un síntoma de algo más profundo: la erosión de la credibilidad institucional, cuando quienes han fallado al país son recompensados en lugar de ser investigados.
La justicia no puede estar al servicio de las lealtades políticas. Las condecoraciones no pueden reemplazar la rendición de cuentas. Y el cambio no puede ser simplemente cambiarse la camiseta mientras se juega el mismo juego sucio.
Mientras tanto, el pueblo sigue esperando que alguien en el poder tenga la valentía de hacer justicia real. Pero esa, al parecer, sigue siendo condecorada… por ausencia.
