Colombia necesita una reforma laboral, sí. Pero necesita una reforma seria, viable y estructural, no un panfleto populista disfrazado de justicia social. La propuesta del presidente Gustavo Petro, vendida como “el cambio” que dignificará al trabajador, es en realidad una jugada política peligrosa, con fines electorales y sin piso económico. Como bien lo advirtió la senadora Angélica Lozano, esto no es más que demagogia en temporada de campaña.
Lo que promete el papel (y por qué no basta)
La propuesta plantea beneficios atractivos: reducción de jornada laboral a 42 horas, ampliación de licencias, recargo del 100% por trabajo dominical, formalización de trabajadores de plataformas digitales, y priorización del contrato indefinido. ¿Quién no quiere eso? Pero el problema no es lo que promete… sino cómo pretende implementarlo en un país con una economía debilitada, informal y sin respaldo estructural para las empresas.
Más del 90% de las empresas en Colombia son MiPymes, y generan cerca del 80% del empleo formal. Estas empresas, que deberían ser el motor de cualquier reforma laboral, viven asfixiadas por cargas tributarias desproporcionadas: renta, IVA, retenciones, ICA, aportes parafiscales, etc. Muchas recurren a préstamos no para crecer, sino para pagar nómina. ¿Cómo se pretende entonces aumentar los costos laborales sin ofrecerles alivios reales?
El falso argumento del “dinamismo económico”
Algunos defensores del proyecto aseguran que, si se les da más dinero a los trabajadores, este se reinvierte en el consumo, y la economía se reactiva. Es un argumento circular y peligroso: ¿cómo van a pagar más los empleadores si ya están al borde del colapso? ¿De qué sirve aumentar los beneficios laborales si lo que se va a generar es más desempleo y cierre de empresas?
El mismo Banco de la República advirtió que la reforma podría eliminar hasta 450.000 empleos formales si no se ajusta su impacto financiero. Y la ANDI y otras agremiaciones han reiterado que el único sector que crece es el del “rebusque”, es decir, la informalidad.
Populismo disfrazado de justicia
Esta no es una reforma diseñada para construir país. Es un mensaje electoral cuidadosamente redactado para polarizar. Cuando el Congreso no la aprobó en sus términos originales, Petro no buscó el diálogo ni el ajuste técnico. En su lugar, propuso una consulta popular, una movida oportunista que pretende convertir un asunto técnico en una batalla ideológica. Así no se gobierna; así se hace campaña.
Ofrecer al pueblo lo que quiere escuchar, sin mostrarle el costo, sin garantizar cómo se va a cumplir, y usando su necesidad como bandera electoral, eso se llama demagogia. Y en una democracia seria, la demagogia debe ser denunciada, no aplaudida.
El resultado: informalidad, quiebras y frustración
Sin acompañamiento real, lo que va a provocar esta reforma —si se impone por vía populista— es lo contrario de lo que promete:
- Empresas cerradas.
- Desempleo en aumento.
- Más trabajadores en la calle sin seguridad social ni estabilidad.
- Desprestigio internacional ante la falta de claridad económica.
Y mientras tanto, el gobierno seguirá culpando a “los empresarios ricos”, como si las MiPymes no fueran también pueblo, como si generar empleo digno en este país no fuera ya un acto heroico.
¿Qué necesitamos entonces?
Una reforma laboral sí, pero una que respete la realidad productiva del país. Que venga acompañada de:
- Reducción de la carga tributaria para empresas formales.
- Incentivos para contratación juvenil y de mujeres.
- Flexibilidad inteligente para sectores emergentes.
- Combate real a la evasión y al trabajo informal.
El país no aguanta más polarización ni reformas vacías de contenido real. Lo que necesitamos no es un gobierno que prometa más… sino uno que cumpla mejor.
